Los ojos del comercio exterior están puestos estos días en el desarrollo de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, más conocido como Nafta por sus siglas en inglés, y cuyo futuro, a juicio de varios analistas internacionales, está en veremos.
La manera como terminen esas conversaciones servirá de referencia para otros acuerdos que ahora están en revisión y en los que la administración del presidente Donald Trump considera que hubo bad deals y que es hora de corregir, a su juicio, por el bien de su industria y sus trabajadores. Teniendo en cuenta las propuestas estadounidenses y el poco margen para la negociación, se perciben riesgos para la estabilidad comercial.
Algunas de las propuestas críticas tienen que ver con las imposiciones de incluir altos porcentajes de piezas estadounidenses en los productos exportados (como los automotores), la posible eliminación del mecanismo para la resolución de controversias entre inversionistas y el Estado (el Gobierno de Estados Unidos no ha perdido un solo caso), la eliminación de la figura de expropiación indirecta para limitar la compensación de los daños que requiera un inversionista extranjero ante una acción gubernamental y la limitación de la participación de empresas mexicanas y canadienses en contratos públicos de Estados Unidos.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha advertido sobre un cambio en la seguridad jurídica que afectaría las decisiones de inversión, pues se está planteando una cláusula de revisión y terminación del contrato en periodos de cinco años.
Los principales sindicatos de Estados Unidos, Canadá y México entraron a terciar las discusiones solicitando mejores condiciones para los empleados, ya que consideran que desde la vigencia del Nafta, el ingreso, la riqueza y el poder se han concentrado en manos de la clase empresarial con pocos beneficios para los trabajadores.
Si bien es cierto que en este momento –y probablemente tampoco en los próximos meses o año–, Colombia estará en la mira, tarde o temprano nuestro acuerdo comercial, que entró en vigencia hace cinco años y medio, llegará al escritorio del Representante Comercial de Estados Unidos para revisión y aflorarán los pendientes que hemos dejado a un lado en estos años.
La administración Trump reiteró hace pocos días su intención de ser muy riguroso con el cumplimiento de los acuerdos suscritos y con ese argumento se suspendieron las importaciones de madera desde Perú, al encontrar que una empresa de ese país supuestamente conseguía el producto de manera ilegal y atentaba contra el medio ambiente.
Así las cosas, la pregunta no es si nuestro tratado de libre comercio podría entrar a revisión, sino ¿cuándo sería? Para el caso de Colombia, hay temas por resolver como chatarrización, propiedad intelectual y asuntos de la industria farmacéutica.
No se trata de generar pánico comercial, pero sí de emitir la alerta oportuna para que desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), con los empresarios, la Embajada de Estados Unidos y el Gobierno Nacional pongamos en marcha un rápido y eficiente plan de trabajo que saque al otro lado estos temas.
Es innegable el beneficio que el acuerdo comercial trae en términos de estabilidad comercial y jurídica para los negocios. Las exportaciones no mineras se han mantenido entre los 3.500 y 3.800 millones de dólares por año desde el 2012, y 269 productos nacionales que no se vendían a Estados Unidos antes del 2012 han incursionado en ese mercado gracias al acuerdo comercial. Las importaciones desde ese país han oscilado entre los 7.000 millones y 10.000 millones de dólares, lo cual refleja también el beneficio para las empresas estadounidenses.
Con la hoja de ruta que tracemos para los próximos meses, también es importante que desde las compañías hagan evidente a los gobiernos de los dos países los beneficios derivados del acuerdo comercial y el empleo generado con la inversión y los productos que se venden en las dos vías. Desde la AmCham, tenemos las herramientas y estamos listos para ello.
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