Colombia ocupó el puesto 77 entre 111 países en el Índice de Dominio del Inglés de 2022, según el último reporte publicado por EF Education First. Es muy preocupante estar en el grupo de los peores del mundo, pero lo es más el hecho de que en 2018 éramos el puesto 60 y en 2019 caímos a 68, lo cual muestra cómo descendemos por un peñasco sin adoptar correctivos y cómo perdemos competitividad en momentos en que pretendemos ser una potencia regional de turismo. ¿Será que estamos condenados al monolingüismo?
En Latinoamérica, Colombia se encuentra en el puesto 17 entre 20 países evaluados. Argentina continúa líder de la región, en el puesto 30 a nivel global y dentro del grupo de nivel “alto” de inglés.
Para revertir esa situación se necesita una política nacional, una reacción generalizada contundente y de largo plazo, más allá del proyecto de ley que ha presentado el senador Zabarain, que hace trámite en el Congreso de Colombia y con el cual se propone reforzar la política de fomento al bilingüismo para recortar el rezago que tiene el país.
La ponencia, que está en primer debate en la Comisión Sexta, busca materializar la modificación de las normas que existen en materia de educación y crear criterios homogéneos para todos los programas de educación superior en términos de formación para la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua.
Que los colombianos sean bilingües debe ser una política de estado que obligue el aprendizaje en todos los colegios y deje de ser un privilegio de pocos. Y merece el esfuerzo de todos, como el aporte que hace la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, que capacita a 4.000 jóvenes en ingles con aportes de la Fundación Buffett. Aunque es un esfuerzo grande es solo un grano de arena en el desafío de hacer un país más competitivo y potencializar las oportunidades.
La propuesta de reforma es oportuna y necesaria (a buena hora el senador Zabarain la radicó), pero en mi opinión se queda corta porque no establece mecanismos de promoción de amplio alcance ni en todos los niveles, ni refuerza la institucionalidad ejecutiva, ni traza lineamientos con efectos visibles para el acceso, estímulo, disponibilidad desde los primeros años académicos y para todos los colombianos, pues en su lugar prioriza el ámbito universitario.
La ponencia evidencia datos aportados por el Icfes según los cuales hay una clara disonancia entre el proceso de bilingüismo en las instituciones de enseñanza primaria y secundaria que reflejan que aprender una segunda lengua termina siendo una cuestión de acceso económico y además un filtro para el ingreso a instituciones de educación superior.
El proyecto propone que el Marco Institucional de la Política Pública Nacional de Bilingüismo esté presidido por una Dirección dentro del Ministerio de Educación, sin que suponga nuevos cargos ni presupuesto adicional. Sin una institucionalidad fuerte, sin poder para interactuar con todos los segmentos de la sociedad y gestionar recursos el impacto será muy limitado.
Superar las barreras lingüísticas requiere de una inversión sostenida en educación y formación, que se brinden recursos adecuados a los docentes, se promueva la enseñanza de calidad, se fomente la motivación de los estudiantes para aprender un segundo idioma y haya más intercambios y cooperación.
Columna publicada en La República aquí