La categoría ‘mujer’ sobrepasa a la más general ‘personalidad política’.
En las elecciones del pasado 29 de octubre, 6 mujeres ganaron gobernaciones (18,3%) y 143 alcaldías (13%), según datos preliminares. Ello supone una mejora significativa sobre todo en las gobernaciones, aunque no suficiente, respecto a los comicios de hace cuatro años, cuando se lograron 2 (6,3 %) y 132 (12,8 %), respectivamente.

Las leyes de cuotas de género reflejan el impulso que dieron algunas mujeres y no la voluntad política de la clase dirigente, pues es notorio que los partidos solo hacen lo que están obligados a hacer por la norma de 2011 que establece la cuota de género en la conformación de las listas del 30 % sobre el número de candidatos inscritos a la corporación que se pretenda postular, en donde se elijan cinco o más curules. Y a pesar de ello, no se cumple.

En general, el Estado colombiano cuenta con un marco normativo progresista respecto a la participación de la mujer en política; sin embargo, la competencia a los cargos de elección popular requiere de recursos económicos y de un buen puesto en la lista. Esto tampoco suele suceder porque se trata de un país en el que históricamente la inequidad de género se ha visto reflejada en el desempleo, en la pobreza y en la violencia doméstica, entre otros indicadores. Por lo tanto, es fundamental incrementar esta participación.

La competencia a los cargos políticos requiere de recursos económicos y de un buen puesto en la lista. Típicamente, quien está en los primeros lugares de la lista tiene mayor chance de ganar. En las pasadas elecciones solo ocuparon el primer lugar de la lista un porcentaje ínfimo de mujeres: para los consejos fue del 27 %; de las asambleas, el 21 %; en las alcaldías, el 16% de las candidaturas, y en las gobernaciones fue de 18 %.

Pero, más allá del ámbito nacional, las mujeres están marginadas de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza les afecta de manera desproporcionada, según la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011.

De acuerdo con informes de Transparencia por Colombia y del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, las organizaciones políticas invierten escasos recursos estatales para la inclusión efectiva de las mujeres en política y no hay igualdad en el acceso a los recursos para las campañas. Esto se agrava si se tiene en cuenta que, además, las candidatas mujeres parten con desventaja y, según estos mismos informes, tienen que invertir más que los hombres para salir elegidas.

Además, al ser candidatas y electas, muchas veces se ven sujetas a discriminaciones específicas por parte de miembros de su propio partido, de servidores públicos y de no pocos votantes. Con mayor frecuencia que a los hombres se les impide o restringe el uso de la palabra y se descalifican o ridiculizan públicamente sus propuestas. La categoría ‘mujer’ sobrepasa a la más general ‘personalidad política’. Una vez más, ahora por el lado negativo, no están en igualdad de condiciones, según esas organizaciones.

La participación de las mujeres en la toma de decisiones gubernamentales está dando una visibilidad política significativa a los derechos de la mujer en todo el mundo. Aunque las mujeres no constituyen un grupo homogéneo, tienden a apoyar a otras mujeres y han contribuido decisivamente a incluir en la agenda parlamentaria los problemas y preocupaciones de la mujer.

Las mujeres en espacios políticos priorizan temas claves, como la igualdad en el acceso a la educación, a oportunidades de empleo, a la reducción de la pobreza y a poner fin a violencias en su contra, entre otros aspectos. Por lo tanto, su rol como tomadoras de decisión en la política pública es fundamental.

Columna publicada en El Tiempo aquí