Un esfuerzo mayor para una buena Ley de turismo

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La institucionalidad del turismo en Colombia se remonta a 1931 con el Servicio Central de Turismo, en 1967 se creó la Corporación Nacional de Turismo, en 1968 la ley 60 estableció estímulos a la industria, en 1974 se regularon las actividades al interior de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) y solo hasta 1991 la Constitución dejó sentado el reconocimiento al derecho a la recreación, al aprovechamiento del tiempo libre. Puede ser un concepto muy básico, pero se trata de un poderoso mandamiento para el desarrollo de la industria. Con la Ley 152 de 1994, que creó el Consejo Nacional de Planeación y estableció lineamientos para que la Nación y las regiones tuvieran sus respectivos planes de desarrollo, se comenzaron a armonizar las actividades turísticas.

Sin embargo, el primer esfuerzo con marco legal pormenorizado fue la Ley 300 de 1996, elaborada en un entorno histórico de violencia y miedo. Se creó el Fondo Nacional de Turismo, el Registro Nacional de Turismo, se normatizó la protección al consumidor y al medio ambiente, para resaltar las acciones más importantes.

Esa ley fue una carta de navegación para tiempos de dificultades, pero las circunstancias cambiaron con el tiempo hasta que, lustros después, las condiciones fueron radicalmente diferentes. En ese tránsito hubo innumerables decretos, disposiciones, reglamentaciones y todo lo que hubiera que hacer para actualizarse, hasta conformar la gran colcha de retazos que tenemos hoy y que hace esencial e inaplazable una nueva ley para el turismo, como la que oportunamente presentó el Gobierno ante el Congreso con la finalidad de tejer una sola manta regulatoria que cobije a todo el sector.

Se trata de ajustar la legislación a una realidad, una realidad, por cierto, bien distinta en todo el planeta, sobre todo por los saltos tecnológicos, el crecimiento inusitado de los flujos por el desarrollo de productos de bajo costo, el crecimiento de la población de clase media, el aumento de la conectividad, la adversidad a la saturación de los destinos, los cambios en las tendencias, la concientización respecto a la preservación del medio ambiente y, en general, la ineludible necesidad del desarrollo sostenible.

El nuevo proyecto de ley (que entró con mensaje de urgencia) se presenta en un momento muy oportuno, ya que llega como soporte para la reactivación pospandemia, para darle apoyo y sustento a miles de empresas que han padecido la paralización del sector y a los millones de trabajadores que perdieron sus trabajos y además debieron confinarse.

Sin embargo, después de haber leído el proyecto de ley, percibo que se pierde la oportunidad de trazar una política de largo plazo y, aunque si bien es cierto que su articulado deja conceptos generales para aterrizar con el tiempo, no se toma la oportunidad para generar una coordinación vinculante entre los actores del desarrollo sostenible, como lo son los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Cultura, Ambiente, Vivienda, Salud, Defensa, Trabajo y el de la Ciencia, lo cual daría al sector la prioridad que merece ante la ausencia de un Ministerio de Turismo.

Hay que incorporar el turismo en los planes de ordenamiento territorial; que se definan acciones más eficaces para el seguimiento y garantizar con sanciones que las autoridades locales cumplan con los controles; que se tengan instrumentos para que la empresas puedan transformarse tecnológicamente; que haya una ley que obligue al Ministerio de la Ciencia, a iNNpulsa y a todas las entidades de innovación que se involucren en las políticas; una transformación del Fontur para ser un verdadero fondo de desarrollo para el turismo; crear, de forma permanente, la línea de crédito para el turismo a través de Bancoldex con garantías del FNG; que se logre determinar dónde, cómo, cuándo y qué tipo de turismo se puede hacer en cada región; y establecer un proceso que mantengan las decisiones a largo plazo para incentivar la inversión.

Y quiero resaltar la importancia de los planes de ordenamiento territorial. Tenemos los instrumentos para organizar el territorio y el uso del suelo, aunque no un mecanismo que lo garantice, debido a la potestad de las autoridades locales a implementarlo o no. Según cifras del Ministerio de Vivienda (2019), 853 municipios carecen de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado -pareciera deliberado no hacerlo-, por lo que seguimos con marcos referenciales de poca incidencia o de libre aplicación e interpretación, sujetos a caprichos políticos, a intereses de algunos particulares y expuestos a la corrupción.

Los POT son determinantes. Representan una herramienta preventiva que contribuye a disminuir el desequilibrio territorial, los riesgos ambientales, la mezcla desordenada de usos y conflictos entre actividades y sectores, el déficit de infraestructura y fomenta la coordinación entre administraciones públicas con competencias en un mismo territorio. Es entonces una herramienta prioritaria para lograr una planeación ordenada, que prevenga los problemas que ya ocurren en otros países y de la oportunidad al sector de generar la injerencia de equidad y desarrollo para Colombia.

Es importante mencionar que el proyecto de ley le da la dimensión que merecen a la calidad, la sostenibilidad y la formalidad e incorpora bondades tributarias oportunas, como la reducción del 19% al 5% a los impuestos de los tiquetes aéreos, la suspensión del IVA hasta diciembre de 2021 a los paquetes turísticos que venden las agencias de viajes, la suspensión a la sobretasa de la energía hasta la misma fecha y la ampliación por dos años de los beneficios para nuevos proyectos y remodelaciones.

Son varias disposiciones que alivian y dan oxígeno a la industria nacional que, en general, han respaldado la iniciativa del Gobierno, en particular la de proponer una cancha de juego equilibrada entre proveedores físicos y virtuales, institucionalizando el tener y exigir el Registro Nacional de Turismo. También refuerza las sanciones a los prestadores de servicios en todos sus niveles.

Entre las novedades llama la atención la norma de que sólo podrán hacerse declaratorias de atractivos turísticos en los territorios de minorías étnicas previo consentimiento de las respectivas comunidades que tradicionalmente los habitan. Es una oportunidad para integrarlos, formarlos y acogerlos en el sistema nacional.

También es destacable el compromiso del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para elaborar el inventario turístico del país que contribuya a delimitar e identificar los atractivos y que servirá de base para la planificación y el ordenamiento territorial de la actividad, la orientación de la oferta de programas de competitividad, la promoción turística y la determinación de las condiciones de uso de las zonas declaradas como atractivo turístico.

Y con el fin de promover el cumplimiento de las capacidades de carga o límites establecidos para la protección de los atractivos turísticos, el proyecto propone autorizar a los concejos municipales para que establezcan un punto de control turístico, cuyos recursos se destinen a mejorar, adecuar, mantener, conservar o salvaguardar los atractivos del municipio.

Hay asuntos muy puntuales que se agradecen para el corto plazo, aunque lo que se refiere a más allá de lo que permanecerá este Gobierno en el poder son muy generales y pueden generar interpretaciones que nos lleven a costurar otra colcha de retazos en el mediano plazo.

Y si bien las propuestas ayudan a organizar y mejorar, se pueden quedar cortas en el propósito de traer grandes inversiones para megaproyectos y obras de infraestructura de mayor calado, así como en la actualización de la institucionalidad para lograr mayor vinculación del sector como una prioridad para el país.

Y tal vez lo más importante: la nueva ley llega en un país sin terrorismo y después de un acuerdo de paz que le dio al turismo una nueva perspectiva, que debemos preservar y mejorar si queremos transformar el turismo en el nuevo petróleo del país.

Publicado en El Tiempo, disponible aquí

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