Las empresas del sector de tecnologías y comunicaciones pagan al Estado una contribución de 2,2% que debería reinvertirse en el cierre de la brecha digital, pero buena parte de esos recursos se destinan a cubrir otras necesidades, lo cual causa frustración entre los operadores, pues consideran que además de ser una obligación que excede los estándares internacionales tampoco estaría cumpliendo su propósito esencial.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio TIC, hace esfuerzos por ampliar la cobertura de los servicios digitales y en ese sentido destacan la subasta del espectro -la cual garantiza recursos por más de $5 billones-, la adjudicación de los programas de última milla para estratos 1 y 2 y la aprobación de la Ley TIC, que conlleva a la modernización y al fortalecimiento institucional.
Durante décadas Colombia ha sufrido los efectos del rezago tecnológico. Esto se ve reflejado en aspectos como la velocidad promedio de internet, la cual es tres veces menor a la del promedio de los países miembros de la Ocde. Además, solo cinco de cada diez personas utilizan dispositivos móviles con acceso a la red.
Hay que reconocer los esfuerzos de este y de los anteriores gobiernos por extender el acceso a la red y estimular ese círculo virtuoso de inversión entre los sectores público y privado, y en ese sentido sería de gran importancia que se reconsidere la tasa de contraprestación y se promuevan acciones que permitan focalizar los recursos del Fondo Único de TIC hacia el cumplimiento de los objetivos sectoriales.
Argentina, Brasil y Costa Rica tienen una tasa de contraprestación de entre 1% y 1,5% de los ingresos brutos, mientras que en países como Chile o México no existe ese tipo de obligación.
Si la contraprestación económica se destina al cierre de la brecha digital promoverá mayores eficiencias para dinamizar la inversión privada, además de focalizar los recursos en el mejoramiento de la conectividad o el fomento de la apropiación de nuevas tecnologías. Que todos los colombianos tengan acceso a la tecnología es fundamental para generar transparencia, productividad, empleo y equidad.
Las empresas TIC insisten, con toda razón, en que los recursos propios del sector deben reinvertirse en el mismo sector, porque de otra manera se pierden grandes oportunidades de inversión y la posibilidad de llevar más y mejor conectividad a los rincones más alejados del país.
Se calcula que para cumplir con el objetivo de cierre de la brecha digital se requieren cerca de $93 billones a 2030. No obstante, en la medida en que se continúe destinando 18% de los recursos del Fondo Único de TIC para financiar el Presupuesto General de la Nación o los gastos de la franquicia postal, el sector seguirá alejándose de este importante objetivo.
Por el contrario, la Nación debería aportar a ese fondo, considerando la transversalidad del sector en ámbitos como la educación, la transparencia, el comercio y el gobierno en línea, entre otros, y proponer un modelo de optimización donde confluyan recursos mixtos.
Una tasa de contraprestación competitiva y centralizada en sus objetivos redundará en inversiones de los operadores para cerrar la brecha digital y garantizar el acceso universal, con grandes beneficios para el desarrollo económico, la equidad y la prosperidad de todos los colombianos.
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