Importante el esfuerzo del Gobierno al proponer un proyecto de ley de turismo que busca actualizar la normativa turística, en todas sus vertientes, y aunque se esperaba algo más robusto, o al menos más ambicioso para las transformaciones que se necesitan, ciertamente ordena la colcha de retazos que tenemos.
La actualización del marco regulatorio refuerza los conceptos de sostenibilidad, calidad y formalidad, con una visión social necesaria, y deja buenas herramientas para desarrollar el sector con facilidades tributarias y mayor severidad en los controles y abre más las puertas al desarrollo de productos turísticos diferenciados y de alto gasto, como el turismo de naturaleza, el cultural, el de reuniones y el de salud y bienestar.
Hay camino legislativo para las mejoras: que los planes de ordenamiento territorial incluyan el turismo, que se definan acciones más eficaces para el seguimiento y garantizar con sanciones que las autoridades locales cumplan con los controles; que se tengan instrumentos para que la empresas puedan transformarse tecnológicamente; que haya una ley que obligue al Ministerio de la Ciencia, a iNNpulsa y a todas las entidades de innovación que se involucren en las políticas; que se logre determinar dónde, cómo, cuándo y qué tipo de turismo se puede hacer en cada región, que haya coordinación vinculante entre los actores del desarrollo sostenible, como lo son los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Cultura, Ambiente, Vivienda, Salud, Defensa y el de la Ciencia y establecer un proceso que mantengan las decisiones a largo plazo para incentivar la inversión.
La parte tributaria propone un balón de oxígeno para que la industria tenga un respiro después de los meses aciagos del confinamiento universal y que tuvo al turismo como su peor víctima. Y la“nueva normalidad” tampoco está libre de temores. En Europa el rebrote del covid-19 ha sido severo, aunque aquí los expertos proyectan una resaca menos agresiva, más controlable si hay conciencia ciudadana respecto a la bioseguridad y los autocuidados.
Si el Congreso le da rápido trámite al proyecto de ley, y si los cambios que se hagan mejoran y no convierten la buena intención en otro sancocho normativo como los que suelen proponer, tendremos un alivio oportuno.
El proyecto de ley señala el trabajo que debe adelantar el Gobierno para adecuar el marco tributario a la nueva realidad económica y social y en tal sentido propone medidas de flexibilización tales como diferir el pago de los parafiscales de las nóminas hasta diciembre de 2022.
Así mismo, suspender de forma permanente el pago de la sobretasa al sector eléctrico para los prestadores de servicios turísticos con inscripción activa y vigente en el Registro Nacional del Turismo, una vieja aspiración de los empresarios. También prórroga la exclusión del IVA hasta el 2022.
Se modifican los artículos de la ley general de turismo sobre el contrato de hospedaje, las sanciones administrativas pasan a la Superintendencia de Industria y Comercio y establece que el 50% de ellas tendrán como destino el presupuesto de esa entidad y el otro 50% pasa al Fontur, que, al parecer, seguirá siendo un organismo recaudador sin vocación de formular proyectos de gran envergadura.
Incluye un parágrafo sobre contribuciones para el transporte aéreo de pasajeros, liquidando la contribución con base en el número de pasajeros transportados en vuelos internacionales cuyo origen o destino final sea Colombia; y otro sobre la liquidación de la contribución que deben hacen los concesionarios de aeropuertos y carreteras.
Dispone que la contribución parafiscal será del 2.5 por mil sobre los ingresos operacionales, para el transporte aéreo será de USD$1, para bares y restaurantes será del 1.5 por mil de los ingresos operacionales y establece que para efectos de liquidar el valor de la contribución se excluirán de las ventas de los hoteles el valor de las ventas realizadas por las empresas de tiempo compartido.
Establece las obligaciones especiales de las plataformas tecnológicas o digitales de servicios turísticos y las obligaciones que deben cumplir y su responsabilidad, en donde deberán responder frente al consumidor por permitir que los prestadores de servicios turísticos comercialicen, vendan, oferten, anuncien o promocionen sus servicios sin contar con inscripción activa en el RNT.
Amplía el listado de rentas gravadas a la tarifa del 9%, para nuevos hoteles en municipios de hasta 200.000 habitantes, así como servicios prestados en hoteles remodelados y/o ampliados en estos municipios.
Establece un descuento para inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente en actividades turísticas, y en estos casos el área destinada al desarrollo de la actividad turística será de hasta el 20% del total del predio adquirido, salvo en proyectos turísticos especiales en donde el porcentaje no podrá ser superior al 35%.
También da derecho al descuento a inversiones encaminadas al desarrollo de productos o atractivos turísticos que contribuyan a la preservación y restauración de la diversidad biológica.
Quedamos a la espera del ejercicio legislativo. Esperamos como mínimo estabilidad y sinergias que lleven a potencializar el sector a largo plazo, mucho más allá de la pandemia
Publicado en
Más contenido sobre Turismo Sostenible