Sobre la Ley de turismo II

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Algunos empresarios del sector turístico están preocupados por los alcances e implicaciones de la anunciada nueva Ley de Turismo. Unos me recriminaron por el optimismo de mi anterior columna en la que expresé que era una buena noticia por el simple hecho de ser una extraordinaria oportunidad para ordenar la casa. En efecto, lo es, el asunto es si al final será un manifiesto de buenas intenciones o realmente un punto de partida para direccionar la realidad turística del país, una carta de navegación, una herramienta para superar las dificultades y afrontar los nuevos retos. (Lea la primera columna sobre la nueva Ley de Turismo aquí)

Al margen de las intenciones es poco lo que se conoce de la Ley – hasta el momento solo se tiene un listado de acciones-, pero sí sería muy bueno que toda la cadena del sector y demás interesados sepamos de qué se trata y se abra un diálogo nacional para que esa actualización legislativa nos represente a todos.

De las cosas que se han sabido porque lo dicen en el Ministerio o lo comentan distintas fuentes, es la formulación de Zonas Turísticas Especiales, la creación de parques turísticos, una evolución a Fontur, la digitalización y la bancarización, la protección a los consumidores y el fortalecimiento de garantías. Es una incógnita qué pasará con las plataformas digitales que están en permanente expansión. En su mayoría, todos esos temas ya están contenidos en una u otra ley de turismo de los últimos años y a simple vista requieren apenas modificación.

Hay cuatro asuntos sobre los cuales me gustaría reafirmar de manera especial: la articulación interinstitucional, el fortalecimiento de las acciones de sanción y articulación en las regiones, establecer los parámetros sobre la quinta libertad en cielos abiertos y la reforma de Fontur.

Si realmente queremos que el turismo sea el nuevo petróleo el país requiere de una estructura institucional más fuerte y cohesionada que se articule desde un Ministerio de Turismo. Y definir su interacción con otras carteras como Ambiente, Transporte, Salud, entre otros.

La quinta libertad quiere decir que todas las aerolíneas que lleguen aquí podrán cargar y descargar pasajeros en un tercer destino pudiendo establecer las frecuencias y rutas el día, hora y lugar que se quiera sin considerar el tamaño del mercado, las implicaciones en la generación de empleo y de inversión de aquellas ya están establecidas. Si bien la intención del proyecto de ley busca aumentar las rutas, reducir costos de viaje y fomentar el turismo, supone también una competencia desproporcionada para las empresas aéreas que están en el país y que deben cumplir con una serie de regulaciones. La quinta libertad debe estar amparada por acuerdos bilaterales y garantizar que la competencia sea equilibrada y justa, pues algunas compañías tienen subsidios o son de un Estado.

 Y Fontur, por su parte, no solo debe evolucionar, debe transformarse en un fondo de inversión, una entidad con autonomía, aunque dependiente de un Ministerio, como Procolombia, que tenga un carácter estratégico. Al respecto el Gobierno ha manifestado su disposición de reformarla, pero no hay indicios de que sea un cambio fundamental.

Estamos a la espera de ver las propuestas de la administración Duque en esos sentidos, con la esperanza de que el sector privado también participe en un diálogo constructivo para hacer una verdadera ley acorde con la nueva realidad del turismo nacional.

Lea la columna en La República aquí

1 Comentario
  • Tatiana Sánchez Alarcón
    febrero 27, 2019

    Yo considero que existen varios temas importantes en mención la articulación interinstitucional y la protección al consumidor…
    Es inaudito que en Colombia las autoridades del sector solo estén coordinadas para una foto… cuando realmente si se requiere una verdadera articulación…. máxime cuando los empresarios formales están cansados de normas y normas pero nadie se preocupa por el Compliance, así también teniendo en cuenta que el Estatuto del Consumidor no diferencia entre un consumidor extranjero y uno nacional… a los primeros sin una verdadera articulación es casi imposible darles una verdadera protección máxime si se tiene en cuenta que el mencionado estatuto establece que se debe primero realizar una reclamación directa al operador y pasados 15 días si no está satisfecho con la respuesta o no le responden ahí si puede presentar una demanda…. imagínese DRA Eso definitivamente es hablar en otro idioma a un extranjero más cuando en otros países la protección al consumidor es tan diferente… no más chile con su arbitraje de consumo…
    quisiera saber usted que opina al respecto. Gracias.

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