Jóvenes para el futuro

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La indignación de los jóvenes y sus proclamas por cambios y oportunidades constituyen una coyuntura propicia para profundizar el análisis sobre los riesgos que encarnan la pobreza y la vulnerabilidad social en las edades tempranas y obligan a ampliar las acciones para rescatarles antes de que se los lleven la informalidad y la delincuencia.

La población joven de Colombia (entre los 14 y 26 años) ronda los 11 millones, un 22% de la población, y entre ese grupo el 33% (más de tres millones), ni trabajaba ni estudiaba a julio de 2020, según el Dane. Son datos preocupantes porque la falta de actividades y oportunidades tiene una peligrosa correlación con la delincuencia y una proporción directa con el embarazo adolescente. Donde es débil la presencia del Estado, estar al margen de la ley es más factible que prosperar dentro de la estructura de la legalidad.

Según la Agencia Colombiana para la Reintegración, aproximadamente uno de cada cuatro guerrilleros es menor de 18 años y la mitad de los combatientes entraron al conflicto siendo menores de edad. Desde 2002 se han desmovilizado 4.000 niños. El 70% de ellos dijo haberse vinculado de forma voluntaria, mientras que el 30% fue forzado por su familia o por la insurgencia. Las razones más citadas para incorporarse voluntariamente fueron el gusto por los uniformes o las armas (40%), devengar dinero u otros recursos (22%) y por amigos o familiares que ya pertenecían al grupo (17%). La mayoría se vinculó hacia los 14 años.

Por eso son tan importantes iniciativas como la “Alianza empresarial por el empleo de mujeres y jóvenes” que lideran el Grupo Argos, Proantioquia y Comfama y al cual se sumaron otras 25 empresas y entidades, con oportunidades laborales en 4RI (Cuarta Revolución Industrial), servicios, agroindustria e infraestructura.

El propósito incluye mentorías, formación, créditos para manutención y conexión laboral para 6.000 mujeres y jóvenes, con el reto de vincular a la actividad productiva al menos 2.000 de ellos. La inversión prevista es de 16.000 millones de pesos.

Es un proyecto tan bien concebido y con tan buen propósito que valdría la pena replicar en zonas vulnerables, aquejadas por el desempleo, la informalidad, la inseguridad, el narcotráfico y la marginalidad, como Buenaventura, por ejemplo. También establecer una red nacional que se retroalimente y multiplique sus posibilidades.

Y que proliferen iniciativas culturales y deportivas, actividades que ayuden a desarrollar relaciones de empatía, solidaridad e integración. Y estimular la participación ciudadana, como los primeros Consejos de Juventud que se elegirán este año para que las nuevas generaciones tengan una real comunicación con la institucionalidad.

Las conversaciones con los jóvenes deben evitar el tono de negociación, resentimiento y sectarismo, el tire y afloje entre el qué me das y qué te doy. Por el contrario, debe primar la búsqueda de un fin común, de cómo construir un país con una nueva generación comprometida con el desarrollo, con la paz, con la inserción social, la inclusión y la equidad; con educación pública y gratuita -desde la primaria hasta la universidad-, y programas complementarios importantes para el país, como en turismo, la asistencia sanitaria, la vigilancia forestal, las actividades de sustitución de cultivos, y otros oficios que tienen impacto local y alcance nacional.

Publicado en La República aquí