En las distintas propuestas oficiales se encuentran palabras, consideraciones, conceptos sobre los cuales resulta complejo establecer sus alcances reales, o mejor, que dejan algunas zonas grises a merced de las interpretaciones, como en las asociaciones público-populares del artículo 82 del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
El texto propuesto genera inquietudes por la falta de detalle y crea incertidumbre por la flexibilización de los requisitos contractuales que podrían implicar asimetrías, desincentivar la competencia, reducir la calidad y eficiencia en los proyectos priorizados en el artículo.
Las posibles asimetrías en la contratación pública se hacen evidentes en la laxa exigencia para los proveedores y la posibilidad de contrataciones directas, ya que si bien es positivo que las asociaciones comunitarias se integren al sistema y tengan mejores posibilidades de ofrecer y vender sus productos y servicios, hay que cerciorarse primero que cuenten con experiencia y conocimiento y que se consideren los costos de la formalización, que son muchos ahora y serán demasiados si se compite con alguien que no paga impuestos ni parafiscales.
¿Qué significa el término público popular y que pasa con la microempresa que esta formal? ¿El concepto de microempresa (MI) puede incluirse en la economía popular? ¿Las asociaciones podrían irse formalizando de forma gradual, consolidando un crecimiento con facilidades operativas en la asociatividad, bajos costos y flexibilidad tributaria?
El tema quedó muy abierto y el desafío es lograr que la propuesta encuentre un camino que contribuya a la formalidad, fortalecer los micronegocios, incentivar a las microempresas, procurar que esa informalidad de pequeña escala conviva con normas mínimas, abaratar los costos de la formalidad, que los trabajadores estén protegidos y evitar que su debilidad institucional sea aprovechada por los grandes monstruos de la ilegalidad.
Algo similar sucede con el artículo sobre democratización del turismo, que propone una medida para aumentar la oferta turística nacional a través del ingreso de nuevos prestadores y actores que presten servicios de alojamiento temporal, como la vivienda turística. El Gobierno desea que decenas de miles de casas de familia puedan prestar servicios de hospedaje sin otra condición que abrir sus puertas.
Al margen de lo que eso significa para los negocios que pagan impuestos y cumplen exigentes requisitos, el riesgo es que la informalidad plena de la hostelería -con altísimos índices de informalidad-, hará que nos llenemos de simples dormideros para el turismo barato, una práctica que los países con vocación turística intentan a toda costa evitar para preservar la reputación de los destinos de clase mundial y salvaguardar la calidad de la oferta.
Debemos romper con esa idea de que lo popular es sinónimo de informal y dar el paso a equilibrar la cancha para que la formalidad se vuelva norma en dónde nos beneficiamos todos, con la tributación justa y los aportes correspondientes a los sistemas de salud y pensional y de esta manera contribuir cerrar las brechas sociales que el Gobierno ha resaltado.
Por supuesto este debe ser un proceso gradual, es necesaria una transición y estímulos para dar este paso y la pelota la tiene el Congreso para que tanto en la discusión del PND cómo en las otras reformas radicadas y anunciadas tengamos coherencia.
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